Por Pierina Sora (Venezuela) y Alba Rivas (Perú)

Ilustración: Alma Ríos (México)

En los últimos cinco años, el Perú ha seguido un proceso de reforma universitaria. Como parte de este cambio, en el 2014 se aprobó la Nueva Ley Universitaria, que contempló el término “hostigamiento sexual”  y en su artículo 95 estableció la destitución como sanción para los docentes que cometan este delito.

Además, la Nueva Ley Universitaria instituyó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como el ente rector de la educación superior del país, y estableció un plazo de cinco años para que todas las universidades realicen el proceso de licenciamiento de manera obligatoria. Mediante este procedimiento, cada casa de estudios debe “demostrar que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad para poder brindar el servicio educativo” y solo obteniendo el licenciamiento pueden funcionar. El plazo vence a fines de este 2019 y las universidades que no aprueben la evaluación de la SUNEDU serán cerradas definitivamente.

Además, el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SUNEDU, promulgado el pasado 20 de marzo de 2019, consideró como falta muy grave “no contar con un documento normativo interno o protocolo, o contando con ellos, no activarlos para la prevención, atención y protección en casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual en la comunidad universitaria” y detalló como sanción la multa de hasta el 8% de los ingresos brutos anuales de la universidad y/o la cancelación de la licencia de funcionamiento.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las universidades más antiguas de América Latina y de las más importantes del Perú, obtuvo el licenciamiento en abril del 2018 y aprobó su reglamento contra el hostigamiento sexual en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, según los testimonios recabados para nuestra investigación regional, #PasóEnLaU, hubo muy poca participación de las bases estudiantiles para la elaboración de esa normativa: “No fue hecho democráticamente, no se buscó la opinión del alumnado”. “Nos parece que el protocolo fue hecho muy rápido porque fue exigido bajo la ley. No se buscó resolver tanto los problemas, sino cumplir más con las normas que exigía la SUNEDU para licenciar la universidad”, manifestaron dos representantes de colectivos de esa institución, quienes pidieron permanecer en el anonimato.

En el 2018, el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, elaboraron un documento base con lineamientos que guíen la elaboración de normativas internas para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en las universidades del país. Los Reglamentos de las universidades deben adecuarse a los lineamientos ya mencionados y tienen como base legal una serie de normas del Estado peruano como la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Plan Nacional Contra La Violencia De Género, entre otras.

Durante el 2018, la Dirección de Supervisión de la SUNEDU  tuvo conocimiento de 65 casos de hostigamiento sexual en 37 instituciones. Y, hasta ahora, 56 de 139 universidades aprobaron normas para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual.

Las universidades peruanas y sus protocolos sobre hostigamiento sexual

El equipo de Distintas Latitudes y la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas -basándonos en la mayor cantidad de alumnos matriculados y en el ranking QS- elegimos seis universidades peruanas para esta investigación: Universidad Privada César Vallejo, Universidad Alas Peruanas, Universidad de San Martín de Porres, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De éstas, las 4 últimas instituciones ya obtuvieron el licenciamiento y las otras 2 están en proceso.

Todas las universidades elegidas para esta investigación, excepto una, tienen un protocolo de atención al hostigamiento sexual. La universidad Alas Peruanas, autodenominada “la más grande del país”, no tiene ningún protocolo implementado, a pesar de ser la institución de educación superior con más alumnado y con más filiales (21) en el país. Tampoco tiene organizaciones estudiantiles.

4 de los 5 protocolos se han actualizado recientemente, entre octubre del 2018 y enero de este año, siguiendo los lineamientos elaborados por el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación. El Reglamento de la universidad San Martín es del año 2011.

Según Rocío Silva Santiesteban, docente de las maestrías en Género de las universidades San Marcos y Católica, la implementación de protocolos en los últimos meses ha tenido que ver también con el movimiento de mujeres organizadas: “Las alumnas y las profesoras hemos exigido a la institucionalidad universitaria que tenga instancias para presentar denuncias sobre esos temas… Es esta generación de mujeres universitarias, de los últimos años, que ha tomado las riendas de la exigencia de derechos. Las leyes y las normas (del Estado) han sido marcos que han ayudado a la implementación de normativas y protocolos en las mismas universidades; pero sin movilización en las calles, en las puertas de las universidades, sin el movimiento de los colectivos de jóvenes eso no hubiera sido posible.”

¿Qué son? ¿Qué dicen los protocolos?

Según los lineamientos, los protocolos son un “instrumento interno aprobado por la universidad, que contienen los objetivos, estrategias y procedimientos para abordar el hostigamiento sexual entre los miembros de la comunidad universitaria”.

Todos los reglamentos, excepto el de la Católica, incluyen un glosario de definiciones de términos como “hostigamiento sexual”, “queja”, “quejoso”, “quejado”, “hostigador”, “hostigado”. Y solo las universidades Cayetano Heredia, San Marcos y César Vallejo incluyen en su normativa el ciberacoso. Todos los reglamentos se aplican a miembros de la comunidad universitaria dentro y fuera de las instituciones, pero el de la universidad César Vallejo no aplica para miembros del directorio o accionistas de la universidad. En ninguna universidad, excepto en la Católica, las personas denunciantes pueden apelar. Solo Cayetano y Católica especifican la conformación de la Comisión Especial y consideran la paridad de género en la misma. Además, solo en esta última universidad, se especifica que la Comisión debe estar conformada por dos miembros propuestos por el Grupo de Investigación en Estudios de Género y presidida por una docente mujer.

Es importante mencionar que la Pontificia Universidad Católica del Perú es la primera y única institución superior del país que ha seguido un proceso de “Reforma Trans”, que tiene por objetivo -entre otros aspectos- reconocer la identidad de género de todos los integrantes de la universidad.

Los medios probatorios, la credibilidad de la víctima y la “falsa queja”

Todos los reglamentos revisados para esta investigación, excepto el de la universidad Católica, especifican los medios probatorios y la información que debe contener la denuncia por hostigamiento sexual; y todos incluyen la confrontación, pero sólo a pedido de la víctima.

Los reglamentos de las universidades Cayetano Heredia y Católica no mencionan ni especifican procedimientos ante la “falsa queja”. San Marcos y César Vallejo advierten que, cuando no se pruebe el hostigamiento sexual, los demandados pueden interponer una denuncia y seguir el proceso según el Código Civil del Estado peruano, mientras que la universidad San Martín “se reserva el derecho de sancionar al que formuló falsa denuncia”.

Al respecto, una estudiante manifestó para Distintas Latitudes que “existen vacíos y mucho por definir”, además, agregó que el reglamento de su universidad, San Marcos, “no se enfoca en la víctima, sino en la necesidad de pruebas para que se abra el procedimiento. Se necesitan pruebas específicas.”.

La comunidad estudiantil no conoce el protocolo y los datos oficiales no son públicos

A pesar de la reciente aprobación de los reglamentos, estos especifican que se deben realizar campañas de difusión de esta normativa por distintos medios, así como capacitaciones a los miembros de la Comisión Especial y a la comunidad universitaria en general. Sin embargo, las universidades se han limitado a enviar correos institucionales y realizar alguna publicación en Facebook o Twitter. “Los niveles de conocimiento de los protocolos (en la comunidad universitaria) son mínimos, no creo que lleguen siquiera al 10%”, manifestó la docente de San Marcos y Católica. Además, todas las fuentes consultadas declararon no haber recibido ninguna capacitación por parte de sus instituciones.

Brenda Otarola, representante estudiantil de la Comisión Especial Permanente Frente a la Intervención del Hostigamiento Sexual de la universidad Cayetano Heredia, indicó a Distintas Latitudes que “no se visibiliza y difunde el procedimiento para la presentación de la denuncia en otros portales o canales diferentes al portal académico de la universidad y no existe un espacio físico para que se tomen las acciones concretas de intervención, ya que temporalmente la recepción de la denuncia se dan en la oficina de la Defensoría Universitaria”.

Los reglamentos de todas las universidades estipulan que las Defensorías Universitarias deben hacer públicas -una vez al año- las estadísticas de denuncias y sanciones, con protección de la identidad de las víctimas. Sin embargo, aún no existe esta información porque estas normas se han implementado recientemente. El Defensor Universitario de la Universidad San Martín de Porres, Santiago Vega, aseguró que no poseen dichas cifras y la institución “no publica ningún caso porque desean la tranquilidad de los estudiantes”.

Propuestas con voces estudiantiles

El Bloque Universitario Feminista agrupa, desde el 2017, a distintos colectivos de varias universidades del país, y han participado activamente en reuniones con el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y la SUNEDU para tratar el tema de la violencia de género en las universidades. En su último pronunciamiento, ante el anuncio del presidente del Perú, Martín Vizcarra, de la realización de una próxima reunión con los rectores de las universidades, exigen que se cambie el enfoque de los protocolos de “hostigamiento sexual” a “violencia de género”.

Además, para esta investigación, algunas representantes estudiantiles brindaron sugerencias, una de ellas manifestó que “debe implementarse una base de datos que contenga las denuncias y sanciones a los hostigadores sexuales y pueda ser compartida por toda la comunidad estudiantil, tanto entre instituciones públicas como privadas. De esta manera los casos no podrán repetirse”.