Por Georgina González (México)

Ilustración: Alma Ríos (México)

• Con información de Juan González (México).

Dentro de la violencia estructural que vive México las universidades son espacios donde también se ejerce la violencia de género.

El sistema universitario mexicano se conforma por instituciones públicas y privadas, siendo las primeras las que cuentan con una matrícula mayor. El gobierno federal asigna cada año en el Presupuesto de Egresos los recursos para las instituciones públicas, con una tendencia a que se eleve cada año en una proporción mayor a la inflación. En el caso de las universidades privadas, las más importantes están respaldadas y/o tienen vínculos con grupos empresariales como Femsa o Grupo Bal, así como por órdenes religiosas, como los jesuitas o el Opus Dei.

En #PasóEnLaU revisamos 8 universidades mexicanas: 4 públicas y 4 privadas, de éstas solo 7 cuentan con protocolos contra la violencia de género.

Las que cuentan con protocolo son: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UDG), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

La Universidad Tecnológica de México (UNITEC), una institución con más de nueve planteles repartidos en la Ciudad de México y zona metropolitana y otros estados del país, no cuenta con un protocolo para atender, prevenir y sancionar la violencia de género.

2018, el año donde las universitarias mexicanas alzaron la voz

El esfuerzo organizativo de diversos grupos estudiantiles y feministas en México ha puesto en la agenda pública la violencia de género que se vive dentro de las universidades.

Desde 2011 la Red No Estás Sola (REDNES), una red de colectivas feministas que luchan por espacios libres de violencias machistas, ha denunciado públicamente por medio de escraches (tipo de protesta que usa la acción directa para difundir las agresiones o abusos cometidos por alguien) en espacios físicos y virtuales a quienes han violentado a alumnas, docentes y trabajadoras de la UNAM.

Además de las acciones de la REDNES, durante 2018 se suscitaron momentos de intensidad donde alumnas de universidades privadas y públicas del país tomaron los espacios físicos y digitales para visibilizar el acoso sexual. Por medio de escraches con batucada, tendederos de denuncias y hashtags como #AquíTambiénPasa y el más reciente, #MeToo, han servido para visibilizar que ahí donde construyen sus aspiraciones y deseos profesionales también experimentan violencia de género.

Esas acciones han develado las dimensiones de esta problemática frente a la ausencia de protocolos para atender, prevenir y sancionar la violencia de género y la omisión de las autoridades para aplicarlos en las universidades. Sin embargo, la existencia de estos documentos tampoco garantiza que se den procesos de verdadera justicia para las víctimas que denuncian a sus agresores.

Faviola Esquivel, abogada e impulsora de procesos de acceso a la justicia para las mujeres desde dinámicas fuera de la tutela del Estado conversó con Distintas Latitudes y esto nos dijo en relación a la importancia de involucrar a las víctimas en el proceso de justicia.

 

 

Distintas Latitudes buscó a las autoridades de cada universidad con protocolo para conocer a fondo sus impactos, fallos y casos de éxito. De tres universidades privadas con protocolo solo una atendió nuestra solicitud. No hubo respuesta por parte de las 4 autoridades de las universidades públicas.

Protocolos no socializados

Distintas Latitudes encontró en las páginas web oficiales del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad de Guadalajara (UDG) los vínculos de los protocolo para atender el acoso y hostigamiento sexual con los que cuentan respectivamente, sin embargo, esta información no ha sido socializada con la comunidad universitaria.

Samantha (cambiamos el nombre a petición de la entrevistada) tiene 22 años y estudia ingeniería textil, lleva 7 años estudiando en el IPN, ahí cursó la vocacional (nivel medio superior) y nos cuenta que, “desde que estudio en el poli he escuchado de casos donde maestros, sobre todo, se pasan con las compañeras. Desde miradas hasta convencerlas de algo a cambio de una calificación; habrá algunas que acepten pero también hay otras que no y el acoso está ahí”.

“Yo no sé a dónde ir o a quién contarle si me sucede algo así. No sé si existe un protocolo, lo único que conozco es el violentómetro”.

El violentómetro es un material gráfico en forma de regla que permite visualizar las distintas manifestaciones de la violencia y fue desarrollado en 2009 por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG), sin embargo, esta unidad no es la responsable del protocolo.

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés es el órgano responsable de recibir denuncias o quejas de acoso y hostigamiento sexual, sin embargo el protocolo utilizado por el IPN es el mismo que utilizan las Instituciones de la Administración Pública Federal. En él se habla de servidores públicos y no de la comunidad politécnica (estudiantes, docentes, administrativos, etcétera).

En junio de 2018, luego de múltiples denuncias públicas de estudiantes y profesoras el entonces rector de la Universidad de Guadalajara (UdG), Miguel Ángel Navarro anunció la creación de un protocolo. Este año tras el #MeToo, varias universidades de México crearon cuentas en Twitter que sirvieron como espacio de denuncia, la UdG no fue la excepción.

Distintas Latitudes encontró el protocolo en la página web de la universidad, sin embargo, estudiantes y la cuenta MeTooUDG afirman que, “Si lo tienen no lo han socializado con los alumnos. Nadie lo conoce”.

En el protocolo se explica que el órgano receptor de denuncias son las propias direcciones de cada centro universitario, sin embargo, a inicios de 2019 la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) ha recabado las denuncias pero no son vinculantes. De enero a abril de este año se presentaron 80 denuncias, 48 de esas tienen que ver con acoso y hostigamiento sexual.

Ximena (cambiamos el nombre a petición del testimonio), una estudiante de Artes Escénicas que egresó en 2004 —cuando no existía el protocolo— cuenta que denunció con sus compañeros y docentes a su agresor, un profesor. Luego de más de 10 años Ximena supo que tras varias denuncias contra el profesor que la agredió éste fue suspendido y ahora trabaja en las preparatorias de la UdG.

La cuenta MeTooUDG lanzó una campaña de recolección de firmas llamada “Cero Tolerancia a cualquier acto de acoso sexual en la UdG” y buscan reunir 15 mil firmas a favor de la modificación de los “reglamentos internos” de la universidad con el fin de “implementar un Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción a las Conductas de Hostigamiento y Acoso basado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Las estudiantes que se organizan y se acompañan

En varias universidades de México las estudiantes se han organizado para denunciar y acompañar a quienes han decidido denunciar las experiencias de acoso y hostigamiento sexual que han vivido. En la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Brenda Medina acompaña denuncias desde 2016; en la Universidad Autónoma de Nuevo León, UNL, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, proyectos como Acoso en la U y Rolas Sin Roles, visibilizan este problema.

En la coyuntura del #24A, una serie de manifestaciones contra las violencias machistas que sucedieron en 2016, se detonó la Asamblea Feminista en la Facultad de Filosofía y Letras. Desde entonces Brenda Medina, egresada de la UNAM y ex Consejera Técnica, comenzó a apoyar las denuncias públicas (escraches) y a acompañar para llevar los casos a resolución a partir del protocolo y el estatuto general de la Universidad.

El protocolo de la UNAM fue elaborado por especialistas en temas de género y publicado bajo la campaña de He For She del programa de ONU Mujeres en 2016. Desde su implementación hasta junio de 2018 ha habido 485 denuncias, de éstas el 97% fueron hechas por estudiantes universitarias donde el 63.5% de las denuncias tienen que ver con violencia sexual (acoso, abuso u hostigamiento sexual) y el 65.5% de esta violencia fue ejercida por un académico.

Cuando el protocolo de la UNAM fue publicado una de las cosas más criticadas fue la temporalidad en la que la víctima puede denunciar. Recientemente, el protocolo fue reformado y la temporalidad que era de hasta un año se retiró. Lo mismo sucedió con el protocolo de la Universidad Iberoamericana.

 

 

En noviembre de 2017 nació Acoso en la U, un proyecto que surgió como un blog de denuncias y que a finales del año pasado se conformó como una asociación civil ha impulsado la creación de protocolos, acompañado y visibilizado la voz de las víctimas.

Luego de un trabajo organizativo por parte de las integrantes de Acoso la UANL publicó en mayo de 2018 un protocolo para atender el acoso y hostigamiento sexual.

Desde su creación Acoso en la U ha impulsado la creación de protocolos contra la violencia de género en universidades de Monterrey y Coahuila.

La UANL no ha hecho pública información estadística respecto a denuncias y sanciones, sin embargo, las denuncias hechas directamente al blog de Acoso en la U muestran que el 98% son hechas por mujeres.

Priscila Palomares, co-fundadora de Acoso en la U contó a Distintas Latitudes que si bien la UANL cuenta con especialistas en el tema y una Unidad para la Igualdad de Género (UNIIGÉNERO), instancia que tiene como propósito impulsar una cultura para prevenir y erradicar la discriminación y violencia de género, “estas personas, aún con estos grados de estudio, no reflejan en lo personal y a nivel institucional los compromisos con estos valores, porque a pesar de tener el protocolo no ha dado ningún resultado”.

Recientemente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León han habido una serie de manifestaciones de estudiantes que exigen estudiar en espacios libres de violencias.

“La comunidad está enojada, las manifestaciones por los casos de acoso nos hace inferir que posiblemente el protocolo no está funcionando”, declara Priscila.

Acoso en la U cuenta con una Red de Aliadas repartidas en varios estados del país. Uno de sus primeros logros luego de trabajar en red fue la creación de un protocolo contra la violencia de género en la Universidad Autónoma de Coahuila lanzado a inicios de 2019.

El proyecto de Acoso en la U también estuvo involucrado en la creación del protocolo del ITESM, el cual salió en 2017, Distintas Latitudes se puso en contacto con las autoridades del Instituto, sin embargo, pese a la comunicación la información nunca fue enviada.

Conversamos con estudiantes del ITESM y la mayoría concluye que durante el proceso de denuncia se enfrentan a una burocracia “sin tacto, sin preparación, sin empatía y que sólo desalienta y no genera confianza suficiente para que te sientas cómodx [al denunciar]”.

Fernanda es estudiante de 6to semestre de industrias creativas y comentó a Distintas Latitudes que si bien el ITESM promueve la existencia del protocolo por medio de campañas en formatos físicos, al momento de querer consultarlo en línea se ha enfrentado a fallas técnicas que le han impedido acceder al documento.

“Escuché de él y llegué a necesitarlo, pero lo busqué y no logré encontrarlo en su momento. Una amiga me lo facilitó porque otra amiga suya lo había ocupado”, comentó Mar, recién egresada de ingeniería industrial.

“Llegué a las oficinas, tuve que pasar 4 filtros y nadie supo con quién referirme. Escribí un correo que me lo contestaron pero no pasó de ahí. Yo les dije que quiero aprender el protocolo y la pregunta antes de: ¿Cómo estás, te pasó algo? Fue: ¿Es para una tarea? Y fue como de: Ok. El correo que me dieron es de la persona que creen que puede atenderme al respecto pero nadie me dio la certeza”, comenta Fernanda al respecto.

Para hacer frente a los huecos burocráticos y las fallas para acceder al protocolo, Fernanda se ha dedicado a entablar conversación con las autoridades para que le expliquen el protocolo y así compartir la información con un lenguaje más accesible por medio del programa de radio “Rolas Sin Roles”, una producción que pertenece a Concepto Radial, una estación radial del ITESM.

“Nosotras sentimos que tenemos este micrófono como privilegio de ser un espacio que sí se ha posicionado como un espacio seguro. Queríamos retomar el protocolo para que fuera cual fuera el caso si alguien se nos acercaba con una denuncia por lo menos nosotras supiéramos el proceso y acompañarlas”, comenta Fernanda.

Distintas Latitudes intentó ponerse en contacto con las autoridades del Instituto Tecnológico de México (ITAM) pero no hubo respuesta, sin embargo, las estudiantes organizadas son quienes han visibilizado la violencia de género en sus espacios de estudio.

Desde que el ITAM hizo público el protocolo en 2018, la organización estudiantil feminista La Cuarta Ola ha visibilizado las fallas del documento y ha acompañado las denuncias hechas por quienes han sido víctimas de acoso y hostigamiento sexual.

La cuenta en Twitter MeTooITAM también ha servido como espacio de denuncia para las estudiantes itamitas.

¿La violencia de género se entiende desde una visión interseccional?

De los 7 protocolos revisados en #PasóEnLaU solo uno menciona a las personas LGBTI+ de manera explícita, pero ninguno a las personas con otras capacidades. En esta investigación nos preguntamos, ¿los protocolos incluyen a personas LGBTI+ o con diversas capacidades?

La abogada Faviola Esquivel comentó lo siguiente en relación a los formatos de denuncia.

Irene Valdivia estudia en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en Morelia y es una mujer trans, para ella el protocolo de la UNAM no la hace sentir respaldada y dice que, “[el protocolo] contempla violencia de un hombre cis a una mujer cis o en relaciones heterosexuales, y no me siento tan contemplada desde ahí. No cubre cruces de violencias, por ejemplo transfobia como parte de la violencia de género”.

Irene intentó usar el protocolo para denunciar la transfobia que ejerció un profesor contra ella, sin embargo, no procedió “por falta de herramientas e inacción de las autoridades de la universidad, creo que desde ahí falta un cobijo a otras identidades dentro de los protocolos”.

La Universidad Iberoamericana cree que es importante mencionar de manera explícita a la población LGBTI+ porque “ para nosotros es muy importante visibilizar que existe ese grupo, sí están, sí existen y particularmente cualquier violación, grosería, discriminación y violencia cometida contra esa población por pertenecer a esa población tiene consecuencias. Creemos que era importante nombrarla para visibilizar y al mismo tiempo dejar en claro que no se admiten violencias ni discriminaciones”, explica Elvia González, coordinadora del programa de Género e Inclusión.

Apuestas y reflexiones

La abogada Faviola Esquivel considera que los protocolos deben cumplir mínimamente con cuatro objetivos:

 

 

La Universidad Iberoamericana lanzó su protocolo en 2016, luego de la creación del Programa de Género e Inclusión, coordinado por la Dra. Elvia González. Desde su implementación se han presentado 24 denuncias que han terminado en sanciones como la no contratación, despido, expulsión y procesos reeducativos.

En 2018 fueron 18 las denuncias presentadas, de éstas sólo en 5 se acreditó violencia de género, en otras 5 no se acreditó y las 8 restantes están en proceso. Estas cifras no están socializadas con la comunidad universitaria.

El Programa de Género e Inclusión apuesta por procesos reeducativos que tiene que ver con que “las personas implicadas puedan entender qué, cómo y quien ejerció violencia es violencia de género. Las acciones han sido dar pláticas, talleres o remitirlos [a los hombres] a organizaciones que dan trabajo con masculinidades para que aprendan desde ahí a relacionarse de otra manera. Las reeducativas tienden a aplicarse más a situaciones de violencia en pareja y la expulsión cuando se sube de rayitas el acoso o el hostigamiento sexual”, explica Elvia González.

Para las estudiantes y activistas que entrevistamos las sanciones no representan una reparación a la violencia recibida.

“Creo que le hace falta garantizar un acompañamiento a la víctima por gente competente y capacitada”, menciona Mar, egresada del ITESM.

“Lo ideal sería que comenzarán con cumplir su palabra, que sería que en el momento en que una trabajadora, académica o alumna levante una denuncia tengan medidas cautelares en ese momento, acompañamiento, algún tipo de suspensión temporal para el agresor y no medidas cautelares hasta que terminan la denuncia. Necesitan creerles y no revictimizarlas como ha sucedido con los abogados de las oficinas jurídicas de las escuelas”, enfatiza Brenda Medina.

 

 

La violencia de género puede presentarse en espacios públicos y privados y tanto hombres como mujeres pueden recibirla. Pero, es importante señalar que este tipo de violencia es una consecuencia de las desigualdades estructurales que cruzan sobre todo a mujeres y personas LGBTI+ y la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y administrativos) no están exentos a ejercerla o recibirla.

La solución para muchas está en la organización y las redes.

“[…] Las colectivas de mujeres organizadas están exigiendo cada vez más fuerte que todas las instituciones educativas tengan protocolos para atender la violencia de género que estén homologados a la política nacional, a las leyes y al mismo tiempo se impulse muchos tipos de campaña que promuevan la equidad de género. Nos espera mucho, mucho tiempo para luchar porque aunque todo eso se hiciera es una gota en medio del mar de violencia que recibimos todos los días y que tiene una estructura milenaria pensando que el patriarcado tiene muchísimo tiempo, va a costar muchísimo tiempo arrancarlo de nuestras vidas”, reflexiona Brenda Medina.