Por Valentina de Marval

 

La jornada de movilización y huelga del 8 de marzo de 2019 sacó a más de 90 mil personas a protestar en Santiago de Chile. Un año antes, en 2018, las manifestaciones se desarrollaron principalmente en el interior de establecimientos educativos del país. Cada paralización u ocupación de los edificios universitarios, tenía un factor común: denunciar situaciones de acoso y abuso sexual.

Según el diario Las Últimas Noticias, en total fueron 15 universidades, 25 facultades y escuelas las que se sumaron a las acciones de protesta. Estas manifestaciones dejaron al descubierto que diversas instituciones educativas no tenían protocolos de actuación frente a denuncias de abuso o acoso.

De hecho, fue en el contexto de estas movilizaciones que el Congreso aprobó una modificación al Estatuto Administrativo, el cual rige a todas las universidades estatales de Chile, para tipificar el acoso a estudiantes universitarias.

Como parte de la investigación regional #PasóEnLaU, Distintas Latitudes revisó la situación en algunas universidades de Chile. Esto es lo que encontramos.

 

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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

En esta universidad el protocolo nació tras la movilización de 2018: “Surgió de las negociaciones del año pasado con el movimiento estudiantil. Antes era un reglamento disciplinario”, explica Carmen Núñez, presidenta de la Comisión Institucional sobre Acoso, Hostigamiento y Discriminación Arbitraria de dicho plantel.

Núñez asegura que la promulgación del protocolo fomentó que se presentaran denuncias. Desde la aprobación del protocolo (en mayo de 2018), en la Católica de Valparaíso se han recibido 56 denuncias de acoso.

Pese al incremento de denuncias, aún hay aspectos pendientes a mejorar ya que, por ejemplo, una vez plasmada la denuncia ante la fiscalía, las autoridades pueden tardar varias semanas para poder citar a declarar al mismo denunciante o a los testigos.

Además, dentro de la misma casa de estudios, los estudiantes aseguran que saben de la existencia del protocolo y su fin. Por ejemplo, a los estudiantes de primer año se les entrega una suerte de manual al momento de matricularse en sus carreras. Sin embargo, aseguran que está escrito en un lenguaje que hace difícil su comprensión. Asimismo, creen que su difusión podría ser mayor.

 

Universidad Andrés Bello

En esta institución académica el protocolo se ha actualizado seis veces ante observaciones que se han hecho desde los estudiantes, funcionarios y académicos. Por lo mismo, actualmente se busca normar el proceder de las autoridades no solo frente al acoso o abuso sexual, si no ante el físico y de poder, según explica Vicente Cáceres, Director General de Desarrollo Estudiantil de la universidad.

Entre 2018 y abril de 2019, en esta universidad se han recibido 23 denuncias, de las cuales 22 ya han sido cerradas e informadas a las partes. El plazo máximo para resolver cada caso es de 30 días. Una de las razones para no extenderlo por más días, aseguran, es no desincentivar. “Nos llamó la atención un caso en la Universidad de Chile que tomó muchos meses, eso puede ser un desincentivo para denunciar”, explica Mónica Daza, psicóloga de Desarrollo Estudiantil de la misma casa de estudios.

 

Universidad de Santiago

En julio de 2018,  esta universidad expulsó a Pablo Vera, doctor en psicología y ex director de Investigación Científica y Tecnológica. Según publicó El Desconcierto, fue encontrado culpable de abuso y acoso contra seis estudiantes. Una de las denunciantes encontró una motivación para denunciarlo luego de que, en la misma universidad, otras alumnas de Historia denunciaran en 2016 a otros docentes.

Fueron casos como estos, junto al reclamo de las alumnas, lo que llevó al rector José Manuel Zolezzi a convocar un grupo conformado por estudiantes, académicos, funcionarios y expertos en temáticas de género para crear un protocolo. “El documento fue promulgado como una norma interna en marzo de 2017. Luego, tuvimos una nueva versión, a propósito de cambios que se realizaron en el marco de las movilizaciones de marzo de 2018. Ahora tenemos una nueva versión desde marzo de 2019”, relata Andrea Hurtado, directora de Género, Diversidad y Equidad.

El caso de Pablo Vera, explica, fue una de las razones para actualizar el documento y crear la instancia que ella dirige. “Fue un caso emblemático también porque él tenía un cargo alto en la universidad… Se demostró que no existen lugares donde el protocolo no llegue”, agrega Andrea Hurtado. Asegura que han recibido cerca de 70 denuncias desde que existe el protocolo y que la mayoría es entre estudiantes. Para facilitar el acceso al protocolo, la Universidad de Santiago estrenó este año el sitio web nomasviolencia.usach.cl.

Universidad de Concepción

El 2 de abril de 2019 esta universidad publicó su primer protocolo. Claudia Maldonado, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, participó en la creación del documento: “Hubo movilizaciones en 2015 por casos de acoso en Ciencias Sociales y Periodismo. Vimos que no había ninguna institución a cargo de investigar y sancionar. Tampoco medidas de prevención. En 2017, un acuerdo fue crear una Comisión de Género. Debía hacer un diagnóstico de las brechas de género dentro de la UDEC y elaborar un protocolo de actuación. Es algo que debió existir desde hace mucho antes”, dice.

Ximena Gauché, Subdirectora de Equidad de Género y Diversidad, explica que este protocolo sanciona las siguientes acciones: acoso, violencia, agresión, hostigamiento y mobbing sexual; la violencia de género y toda discriminación por razones de sexo, identidad de género, expresión de género u orientación sexual.

Previo a su entrada en vigencia [30 de abril], la Universidad de Concepción realizó una primera actividad de difusión para dar a conocer el protocolo y sus procedimientos. Luego, en todos los campus se realizarán capacitaciones para que la comunidad sepa cómo aplicar las denuncias.

 

Pontificia Universidad Católica de Chile

De larga trayectoria y dependiente directamente del Vaticano, esta institución ya contaba con un protocolo de actuación frente al acoso sexual desde enero de 2017. Sin embargo, las estudiantes exigían, entre otras cosas, un documento nuevo y el uso de lenguaje inclusivo para estudiantes trans.

Cecilia Rosales, presidenta del Consejo de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual, asegura, a modo personal, que han recibido a 111 personas que han solicitado apoyo tras sentirse afectadas por situaciones de violencia sexual. Parte de la orientación que entregan, dice, es explicar los procesos de denuncia tanto dentro de la universidad, ante la Secretaría General, como frente a instancias penales externas. “Lo primero es otorgar contención emocional, y luego, explorar necesidades derivada de la violencia e identificar los problemas que deben resolverse en el corto o mediano plazo”, dice Rosales.

Para la creación del protocolo, la Universidad Católica se guió por las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, el Código del Trabajo y la asesoría de altas ex funcionarias de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público y del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales de la Policía de Investigaciones. Asimismo, contaron con la participación de representantes estudiantiles, funcionarios y académicos de Derecho y Psicología.

Las estudiantes entrevistadas por Distintas Latitudes ven avances en las políticas de apoyo y prevención del acoso sexual tras las movilizaciones, pero coinciden en que, desde su percepción, las personas denunciantes deben repetir más de una vez el relato de la denuncia, lo que las desmotivaría a denunciar.  Una de ellas, sugiere también que falta atención psicológica a la persona denunciada, ya que no bastaría con un castigo, sino que también la universidad debe buscar que su conducta no se repita.

 

Universidad de Chile

El protocolo de esta universidad fue aprobado en 2017 y fue sometido a una importante modificación en 2018 tras los cambios a la Ley de Universidades Estatales, ya que al tratarse de una institución pública, debía adaptar su normativa.

De hecho, funcionarios de esta casa de estudios fueron parte de quienes abogaron por los cambios a dicha ley. Según recuerda Carmen Andrade, actual Directora de Igualdad de Género, tras la primera publicación del documento se tropezaron con varias piedras en el camino: “Para investigar operaban los sumarios administrativos, pero esto contaba sólo dos partes intervinientes: la institución y la persona acusada. No consideraba a una “persona” denunciante, y para eso había que cambiar la ley, no lo interno. Otro problema era que se regulaba el acoso sexual laboral  pero no el acoso cruzado de profesor y estudiante. Tuvimos que ir al Congreso y logramos que se modificara la Ley de Universidades Estatales. Se incorporó una indicación que cambia la forma de investigar el acoso sexual, y se tipificó el acoso en las universidades entere cualquier miembro de la comunidad”.

Con lo anterior, la Universidad de Chile modificó su documento. También vino la creación de una defensoría para los denunciantes; la Unidad Especializada en Investigaciones de Acoso Sexuales y actualmente están conformando la Unidad de Salud Mental.

Sin embargo, la creación del conjunto de políticas contra el acoso sexual comenzaron en 2014, con la creación de la Oficina e Igualdad de Género. Tras realizar un estudio, detectaron varias problemáticas en torno al acoso, por lo que hicieron una investigación específica que luego derivó en lo mencionado anteriormente.

Estudiantes entrevistadas de esta universidad, aseguran que han recibido instancias de formación para la aplicación del protocolo. Sin embargo, mencionan que podrían existir medidas en torno a una formación general libre de sexismos, para atacar el problema de raíz. Otra estudiante menciona que para algunas alumnas resulta engorroso y desgastante escribir la denuncia en sí.