Por Gisella Rojas (Ecuador)

 

En Centroamérica, la cultura de violencia de género está normalizada. Solo en el 2017 se registraron  345 homicidios de mujeres de 15 años de edad en El Salvador; en Honduras hubo 235 casos de este tipo de violencia; en Nicaragua 67 y Costa Rica otros 26, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.   

Lo que sucede en las arterias de las ciudades centroamericanas, a la vez se trasplanta en las aulas universitarias. Pese a esto, en Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) encontramos, como parte de la revisión que hicimos para #PasóEnLaU, que es la zona donde menos protocolos contra el acoso y la violencia sexual hay: de las 30 universidades analizadas en esta región, solo 9 cuentan con ellos.

Para conocer más detalles de qué sucede en las universidades centroamericanas, elaboramos esta revisión que forma parte de #PasóEnLaU.

 

Honduras:  Un protocolo aprobado, pero que pocos conocen

Erika Dubon, estudiante de periodismo de cuarto año de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), recuerda que usaba un vestido azul el día en que conoció a su acosador. Mientras estaba afuera de la biblioteca, el hombre se le acercó para preguntarle si ella era atleta; pronto la conversación se tornó en consejos sobre su figura, él le pareció confiable, dice, pues usaba un lenguaje muy técnico, propio de un profesional del deporte.

Nunca pasó por su cabeza que él guardaba otras intenciones. Cuando fue a su carro para que le enseñara planes nutricionales, el tono del hombre se puso agresivo y le empezó a tocar las piernas, Erika salió rápidamente. Esa experiencia la dejó en shock y con un sabor de culpabilidad. Erika decidió contar lo sucedido en Facebook. Unas horas después, recibió testimonios similares. Hablaban del mismo hombre y el mismo modus operandi. Por semanas, Erika se dedicó a reunir declaraciones, incluso lo siguió para grabarlo y tener evidencia.

Con todas las pruebas reunidas, Erika fue al comisionado universitario. “Le muestro los testimonios, las placas, el video. Descubrimos que él [el acosador] llevaba más de 10 años en la universidad y no se había graduado […]. Al unir todo los puntos, dijeron que si se podía proceder para una denuncia, pero luego me dijeron que yo iba a tener que testificar frente a él […]. ¿Qué protección dan a la víctima? Era como entregarnos a él”, cuenta.

Luego de cuatro semanas de investigación, Erika decidió parar el proceso por miedo a correr peligro. Erika dice que aún lo ve por la biblioteca de la universidad. Aunque manifiesta que no sabía de la existencia del protocolo en la UNAH, lo que le queda claro es que este no debería atender solo a la sanción, sino también que evite que se cometa.

 

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El 8 de marzo de este 2019 fue la primera vez en la historia de Honduras que la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) fue tomada únicamente por mujeres. En esta universidad se creó el Reglamento Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el acoso sexual en 2012.

Erika García, integrante del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) cuenta que cuando se publicó el protocolo, el CDM se encargó de darlo a conocer entre la comunidad estudiantil, pero no todo quedó resuelto. A siete años de eso, García expone que el protocolo es, a su criterio, un instrumento que está bien elaborado, pero que falla en su aplicación.

Para García, aún es palpable el desconocimiento sobre la existencia del protocolo, “para mí el protocolo se conoce y comienza a funcionar en la medida que el estudiantado mismo comienza hacer eco de él”, explica.

Karol Bobadilla, integrante de ‘Feministas Universitarias’, organización que se dedica a acompañar las denuncias de acoso sexual y sobre todo, a socializar el protocolo de la UNAH matiza lo dicho por García: “La mayoría de la gente no sabe que existe y mucho menos conoce los tiempos para poner una querella”.

Bobadilla detalla que las denuncias prescriben en un plazo de tan solo un mes, por lo que muchas veces las víctimas abandonan el proceso, pues no tienen claridad de qué pueden exigir a la Unidad contra el Acoso Sexual del Comisionado Universitario, el órgano encargado de llevarlo a la acción.

Nicaragua: silencio administrativo y el grito de otra voz

En junio de 2017, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una enmienda a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, esta reducía al ámbito privado el alcance de la definición de feminicidio, con lo cual limitaba ese delito a las relaciones sentimentales de pareja. Ya Amnistía Internacional había expuesto en un informe que en este país “los homicidios por motivos de género habían sido más brutales que en años anteriores, y que quienes los perpetraron tendían a actuar en grupos”.

Al igual que en varios rincones de Centroamérica, esta realidad de violencia es una carga que trasciende a las mochilas estudiantiles de Nicaragua. Por eso, Distintas Latitudes solicitó información a la Universidad Centroamericana de Nicaragua sobre la existencia de un protocolo contra el acoso y la violencia sexual como parte de la investigación regional #PasóEnLaU, pero a pesar de los múltiples pedidos de entrevista no hubo respuesta.

Lo que sí encontró Distintas Latitudes fueron voces como las de Andrea (nombre usado por el testimonio para garantizar su confidencialidad), una estudiante de cuarto año de la facultad de Humanidades de la citada universidad. Andrea es activista, feminista y era un personaje anónimo de Twitter conocido por su lucha en contra de las acciones del gobierno de Daniel Ortega. A la par tenía una relación de tres años que con el tiempo se tornó violenta psicológica y físicamente. Cuando esta relación terminó, la pareja de Andrea cumplió sus amenazas, la expuso revelando que era ella quien estaba detrás de la cuenta de Twitter y además, publicó fotografías de ella desnuda y también en momentos de protestas.

Debido al contexto que pasaba el país, Andrea se vio atrapada, “no podía denunciarlo ante las autoridades (policía) porque luego iban a saber que estaba en contra del gobierno, yo me lo callé”, cuenta. Cuando regresó a clases, fue aún más difícil dejar todo atrás, él sería su compañero por el resto del cuatrimestre.

A pesar de que el hecho se había dado fuera del campus universitario, Andrea decidió realizar una denuncia a la Dirección de Desarrollo estudiantil: “yo quería que estén advertidos del comportamiento de esta persona, que quede un historial”. Cuando se reunió con representantes de la universidad para tratar el caso, la narrativa no fue precisamente de apoyo:  “siempre me dijeron que yo me había expuesto en poner ese tuit […] en ningún momento me brindaron la política de género o la política contra acoso sexual”, señala.

En contraste con la respuesta de las autoridades universitarias, el 8 de marzo de este 2019, Andrea presenció un tipo de justicia que nunca esperó. En la clase de Habilidades Sociales,  la que compartía con su expareja, un grupo de compañeros aprovechó el Día de la Mujer para exponer un mensaje: “no podemos vivir con agresores”. Así, a través de diapositivas presentaron pruebas de conversaciones de WhatsApp, llamadas, amenazas, tuits para enfrentar a su compañero, quien dijo que todo era falso, producto de Photoshop.  Luego de ese episodio, Andrea se dirigió nuevamente a la Universidad para que exponer que ella no había organizado este enfrentamiento: “Ellos hicieron eso porque ustedes no están haciendo nada, ellos quieren que el agresor se exponga y se sienta incómodo […]. Mis compañeros habían tenido una experiencia previa con una amiga que tuvo que irse del país porque no aguantaba tener que estudiar con su acosador. Se sintieron tan mal de no ayudarla, que vieron en mi caso no repetir el asunto”.

Después de dos reuniones con la universidad, Andrea tuvo que firmar una carta en donde se exponía que el denunciado estaba advertido, y que si reincidia lo iban a sancionar. Además, se la a incitaba a que no siguiera hablando más del tema, por último, le aseguraron que en el próximo ciclo estudiantil ella no compartiría clases con él, sin embargo no iba a poder elegir con libertad los horarios, sino que ellos se los darían.    

Andrea piensa que en un mundo ideal, la universidad sería “coherente” con su política de género y política de acoso. Los procesos, dice  deberían tener una respuesta pronta, en su caso tardaron 15 días para iniciarlo. Asimismo, recomienda que se escuche a los testigos, cuenta que ella presentó una lista de 10 personas y nunca los llamaron. Y sobre todo exige: “que las denuncias sean públicas y que no traten de que todo sea escondido”.  

 

El Salvador:  un protocolo sin cifras de las denuncias que atiende

En el 2011 la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), un centro privado de El Salvador, aprobó el protocolo contra Acoso Sexual y Acoso Laboral. Junto a ello se creó un Código de ética, la instancia encargada de evaluar y hacer recomendaciones al mismo.

Mario Dimas, miembro de la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DIDE), el órgano encargado en recibir y dar seguimiento a las denuncias, explica a Distintas Latitudes que la normativa se da a conocer durante las jornadas de preinducción del personal nuevo y en el caso de los estudiantes, en el curso preuniversitario. Un reto aún pendiente, reconoce Dimas, es la falta de socialización del protocolo entre la comunidad estudiantil:

“El protocolo es más conocido entre el personal, no así entre los estudiantes, es por ello que se está iniciando un proceso de reflexión en que la Comisión de Ética con el apoyo de los representantes estudiantiles trabajen en crear propuestas para contribuir a una mayor sensibilización y actualización de información sobre el tema”.

Asimismo, Dima revela que desde que se creó la normativa se ha fomentado los reportes de denuncias,  en especial de los estudiantes quienes refieren haber sido víctimas ya sea por otros compañeros o empleados. Al preguntarle sobre el número de denuncias registradas desde la creación de la normativa, dijo que no existen resultados concretos, “no se cuenta con un registro estadístico consolidado de los eventos atendidos”, dijo. Actualmente el mecanismo que emplean, explica, es que se levanten expedientes individuales, por ejemplo, en el caso de un empleado, el expediente lo lleva la Dirección de Personal.

Resalta que aunque en el protocolo no aparece delimitado un tiempo para casos de acoso sexual, asegura que se procede en un lapso de 3 días la apertura de la investigación. En cuanto al resto del proceso destaca que es “bastante complejo y la realidad nos ha mostrado que el tiempo de investigación está sujeto por un lado al número de personas implicadas en el caso, a un tiempo a considerar para la presentación de pruebas, al número de reuniones o convocatorias que se requieran realizar”, generalmente, señala, puede demandar un lapso de 20 a 40 días laborales.

Una de las acciones que han tomado a parte de la creación de una normativa contra el acoso, se dio el año pasado elaborando una política de inclusión y equidad de género de la UCA, la cual será sometida a consulta a la comunidad universitaria. Esta tiene como objetivo, destaca Dimas, integrar y complementar las iniciativas previas que ha tenido la universidad en la materia; entre ellas, las Políticas Preventivas contra el Acoso Sexual y Acoso Laboral, así como el Código de Ética.