Por Alice de Souza (Brasil)

 

Cada minuto, nueve mujeres son víctimas de violencia en Brasil. Por hora, 536 sufren agresiones físicas. Es como si una de cada cuatro brasileñas hubiera sufrido violencia en los últimos 12 meses. Es como si antes de que terminaras de leer esta frase otra mujer hubiera sufrido acoso. En Brasil la situación de la violencia contra las mujeres es delicada, así lo ha considerado la organización Humans Rights Watch (HRW).

No por casualidad, Brasil aparece entre los peores resultados de la investigación #PasóEnLaU respecto al acoso y la violencia sexual en las universidades. De las seis universidades consultadas para esta investigación transnacional, solo una respondió y señaló la existencia de un protocolo de protección, prevención y sanción de estos casos. Las otras pasaron inertes.

Así, en #PasóEnLaU notamos que Brasil compone, junto con Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, el ranking de la inercia sobre la violencia de género dentro de las instituciones académicas. De las 54 instituciones consultadas en esos países, solo cinco tienen el protocolo.

Pero vayamos más allá en el contexto brasileño. En Brasil existen 199 universidades (106 públicas y 93 privadas), de acuerdo con el Censo de la Educación Superior del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep). Ellas representan un total de 4,4 millones de matrículas. El escenario de la enseñanza superior está compuesto también por 2 mil facultades y centros universitarios, Institutos Federales y Centros Federales, que suman otros 3,7 millones de alumnos. Las mujeres son la mayoría entre los estudiantes, respondiendo por el 55% de los ingresos y el 61% de las conclusiones de la graduación.

Entre el principio de su carrera y la obtención de su diploma, miles de mujeres viven acoso y/o violencia sexual de otro tipo. Una de cada cuatro son hostigadas o agredidas por decir “No” a una piropo dentro del ambiente universitario, evidenció una encuesta realizada por el Instituto Avon y el Data Popular en 2015. Después de oír a estudiantes en todas las regiones del país, la investigación citada mostró que el 67% de las mujeres relataron haber sufrido algún tipo de violencia (sexual, psicológica, moral o física) en las universidades. Siendo que el 36% ya dejó de hacer alguna actividad por miedo y el 42% ya han sentido miedo alguna vez.

“El imperativo de la violencia no se toma con el rigor que necesita dentro de las universidades por cuenta de ese contexto patriarcal de la sociedad brasileña. El ambiente académico es también un espacio de la sociedad, entonces imprime los riesgos para la cuestión de género, no es un espacio de absoluta seguridad”, explica Rogéria Martins, socióloga, doctora en políticas públicas y profesora del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Viçosa (UFV) a Distintas Latitudes.

Al lado de otros cuatro académicos, Rogéria Martins es responsable de la mayor investigación realizada dentro de un campus en Brasil sobre el tema que ocupa a #PasóEnLaU. El levantamiento Violencia Sexual en el campus universitario: la “Buena Noche Cenicienta” reunió 660 encuestas con respuestas voluntarias de estudiantes y mostró que la violencia contra las mujeres brasileñas suele ocurrir en los dos años iniciales de la vida universitaria.

“La entrada en la universidad es un mundo de sociabilidad que se desvela. De modo que genera una situación de vulnerabilidad”, analizó la profesora. Otro dato es que muchos casos ocurren en las repúblicas (viviendas compartidas de estudiantes) y son practicados por personas con quienes la víctima mantiene una relación de confianza.

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De las seis universidades brasileñas consultadas por # PasóEnLaU, cinco de ellas no poseen o no respondieron al pedido de información de Distintas Latitudes: Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio), Universidad Paulista (Unip), Universidad del Norte de Paraná (Unopar) y Universidad Estadual de Campinas (Unicamp).

Lo obtenido por Distintas Latitudes se complementa con otro dato: solo tres universidades del país poseen un protocolo, de acuerdo con Rogéria Martins.

Como acotación explicamos que en respuesta a una segunda solicitud de información realizada por Distintas Latitudes, la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), que fue la única en manifestarse, dijo que a pesar de no tener un protocolo, mantiene cuatro frentes de acción y que la Ouvidoria, que es un órgano que recibe denuncias, reclamos y sugerencias en las universidades brasileñas, protagoniza la defensa de las víctimas de violencia de género.

La UFRJ afirmó que la Ouvidoria hace la interfaz de tratamiento de los casos junto al Centro de Referencia de la Mujer (CRM / UFRJ). Además, la universidad difunde la aplicación Evisu, creada para enfrentar la violencia sexual contra las mujeres, dice que realiza campañas de concientización y que tiene una alianza con el Instituto Latinoamericano de Ombudsman Defensor del Pueblo.

 

El caso USP: hay protocolo, pero la red es desconocida por los estudiantes

Entre las universidades brasileñas consultadas para #PasóEnLaU, la única que señaló la existencia de un protocolo de políticas para prevención y sanción de la violencia de género en sus dependencias fue la Universidad de São Paulo (USP), uno de los más renombrados centros de investigación y producción de conocimiento de América Latina.

La USP ha sufrido a lo largo de los últimos cinco años requerimientos por aplicación de medidas efectivas contra el acoso y la violencia sexual contra las mujeres, en función de una secuencia de investigaciones y denuncias que llegaron al conocimiento público.

En 2015, alumnos de la Facultad de Medicina de la USP (FMUSP) denunciaron en audiencias públicas en la Asamblea Legislativa de São Paulo (Alesp) casos de abusos ocurridos en la facultad, relacionados a trotes (rituales de ingreso promovidos por estudiantes). Una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) mostró que casos de violaciones ocurrían con frecuencia en la institución, y que locales como la Casa del Estudiante (CEM) poseían hasta un cuarto separado para la práctica. La violencia se suma a otras, como racismo y LGBTIfobia. El documento final de la investigación sumó más de 100 relatos de violaciones y denunció un pacto de silencio que ocurría dentro de la universidad.

La “Rede não Cala”, creada en aquella época por profesoras e investigadores de la USP para luchar contra la violencia sexual, estima recibir cerca de 10 denuncias sobre este tipo de casos al año. De acuerdo con el informe público de la Ouvidoria General de la USP, las denuncias de casos de acoso y violencia sexual dieron un salto entre 2014 y 2015, mismos años en que ocurría la CPI. En 2017, las denuncias comenzaron a disminuir, con seis registros. En todo el 2018, fueron cuatro. En 2019, hasta el cierre de este texto, una.

Dentro de la USP hay al menos dos documentos públicos con orientaciones para víctimas en casos de acoso y violencia sexual. El primero de ellos, de 2017, es la Violencia de Género dentro de la Universidad: conozca sus derechos, generado a partir del trabajo de una comisión creada para investigar casos dentro de uno de los campus. El otro material está disponible en la página de la Pro-rectoría de Cultura y Extensión Universitaria (PRCEU).

En su respuesta a Distintas Latitudes, la USP dijo que la institución afirma que destaca como protocolo no un documento, sino una serie de acciones realizadas en diversos centros. Para tal efecto, la USP tiene la Oficina USP Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos, la Ouvidoria y la Superintendencia de Seguridad. La coordinación entre estos órganos, según la institución, ocurre por medio de encuentros, reuniones y colegios.

“Entendemos como protocolo el conjunto de acciones de nuestras prácticas académicas y sociales, así, la secuencia de encaminamientos obedece a la naturaleza de las ocurrencias y sigue el mejor flujo una vez analizadas las variaciones que cada situación exige”, explicó la coordinadora del Programa USP Diversidad, Ana Paula Fernandes.

Según la coordinadora, las acciones con relación a posibles víctimas deben ser preventivas y, para los casos ya consumados, de atención y orientación. El órgano entiende acoso como “acción reiterada que no cuenta con la aprobación de la otra persona”, que puede ocurrir en distintos niveles: sexual, moral, psicológico.

Los documentos en línea de la USP orientan a los estudiantes y empleados a buscar denuncias en el ámbito administrativo y también criminal, dentro y fuera de la universidad. El material trae números telefónicos y detalles de cómo realizar las denuncias. La universidad también afirma poseer un servicio de apoyo a las víctimas. Desde el punto de vista administrativo, se abren investigaciones para averiguar lo ocurrido. Sin embargo, no es posible encontrar vía online, y la universidad tampoco respondió, cuáles son los resultados de las denuncias ya realizadas.

Las principales críticas a la USP persisten en la efectividad de la implementación de las políticas de prevención, en la diseminación de las campañas entre el cuerpo académico y también en la concreción de las acciones de sanción, que de acuerdo con funcionarios y estudiantes no ocurren en la misma proporción de los casos. La sensación de impunidad es queja común. Tres estudiantes oídas por el reportaje, de la graduación y el posgrado, relataron otro problema: los documentos de orientación y las acciones de prevención son poco conocidas y divulgadas.

“Sé que existe una red de apoyo, que ellos recomiendan buscar en esos casos. Me enteré por internet, en la época de la creación. Pero nadie nunca comunicó cuál es el proceso formal. Sé de algunos casos acompañados, pero no siempre el agresor sufre las consecuencias que debería”, afirmó una estudiante de 25 años, del curso de Letras. Para ella, lo ideal sería que la USP generara más discusiones y ruedas de debate sobre el tema. “Estoy en el quinto período, pero nunca recibí siquiera un correo electrónico hablando de esa red. Percibí que hay un respaldo más interno, dentro de los propios centros académicos”, agregó otra estudiante de letras, de 20 años.

“Estoy en la USP desde 2012 y nunca he oído hablar de ningún protocolo. Sé que existen colectivos feministas, mujeres que se reúnen, pero eso también es algo reciente. Descubrí en anuncios de baño. No me siento segura, he escuchado relatos de acoso, de violación. El más grave para mí es que no hay un plan de concientización de los alumnos”, agregó una biomédica investigadora de la USP, de 31 años.

De acuerdo con la coordinadora del USP Diversidad, los docentes participan de colegios para análisis y discusiones de cuño académico, así como se ofrecen cursos de difusión universitarios a los funcionarios que trabajan en órganos específicos que se ocupan de la temática de la violencia sexual.