Por  Diego Pérez Damasco (Costa Rica)

 

Los datos de la investigación #PasóEnLaU demuestran que en América Latina la mayoría de las universidades no saben cómo lidiar con las situaciones de violencia sexual que se dan a lo interno de sus instituciones. Centroamérica es una de las regiones con estadísticas más preocupantes, pues de 30 universidades consideradas, solo 9 contaban con protocolos para atender estas situaciones. Sin embargo, ese dato regional esconde una particularidad: de esas 9 universidades, 5 están en Costa Rica.

De las 6 universidades ticas evaluadas en #PasóEnLaU, solo una no contaba con un reglamento o protocolo sobre violencia sexual. Además, la Universidad de Costa Rica (UCR) cuenta con uno de los reglamento más antiguos que se registraron en la investigación, publicado en 1997.

Distintas Latitudes conversó con Sylvia Mesa Peluffo, coordinadora del Equipo contra el Hostigamiento Sexual del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR, quien trabaja cotidianamente en la aplicación de este reglamento. Mesa contextualiza por qué la UCR tiene más de 20 años con una normativa de este tipo, y cómo funcionan en la práctica estos lineamientos contra la violencia sexual en la universidad mejor ranqueada de Centroamérica y El Caribe.

¿Qué llevó a la UCR a crear un reglamento sobre violencia sexual hace más de 20 años?

Costa Rica aprueba en 1995 la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Entre las medidas de prevención que establece la ley, hay una que es que cada institución pública tiene que contar con un procedimiento sobre cómo se van a procesar las situaciones de hostigamiento sexual.

En ese contexto, la Universidad de Costa Rica es una de las primeras instituciones en el Estado en construir una reglamento. No es un protocolo, es un reglamento lo que nosotras tenemos. Es un reglamento porque, además de establecer los pasos a dar, de establecer un procedimiento administrativo, establece la posibilidad de sancionar a las personas. Entonces, adquiere un carácter de normativa dentro de la universidad. En este caso, hay que tener en cuenta que la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia en Costa Rica es una ley que se maneja en el ámbito administrativo. El hostigamiento sexual no es delito en Costa Rica, sino que es una conducta que provoca efectos en el empleo o en la docencia. O sea, que la persona que hostiga puede hacerse acreedora a una sanción, que si es un trabajador puede llegar al despido, si es un estudiante podemos llegar a hacer una suspensión de hasta de 6 años, que es un equivalente al despido.

El asunto que sea administrativo tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que es un procedimiento mucho más rápido que un proceso penal. La segunda ventaja que tenemos es a partir de la reforma que se le hizo a la ley en el 2010 que establece en el procedimiento un principio pro víctima. Lo que implica es que cuando hay dudas en la prueba, lo que se hace es tomar la resolución que favorezca más a la víctima. Eso no se podría hacer en materia penal.

La desventaja es que si la persona se va de la universidad, se pensiona o se jubila, ya no lo podemos sancionar, y ya no hay proceso. Lo mismo con un estudiante, si no matricula, no podemos seguir los procesos. Es algo que varía entre países. Algunos han optado por la opción de penalización, y otros hemos optado por la solución administrativo.

¿Qué tan efectiva ha sido la aplicación del reglamento?

Nosotras creemos que todavía estamos muy por debajo de las denuncias que podrían haber en la universidad. En el 2012 hice una investigación con población estudiantil de mujeres matriculadas en el primer semestre, y nos encontramos que el 19,8% de las chicas habían vivido alguna situación de hostigamiento dentro de la universidad, esto es una de cada cinco. La universidad tiene alrededor de 40 mil estudiantes, y tenemos aproximadamente 20 denuncias al año, no llegamos al número de denuncias posibles jamás.

En cuanto a problemas, el mayor que tenemos es que se prolongan un poco los casos, más de lo que quisiéramos. Lo que establece el reglamento de la universidad es que hay una comisión institucional que es la que dicta las políticas en hostigamiento sexual, pero cada vez que hay un caso se forma una comisión instructora diferente, con tres personas docentes. El problema es que estas personas no tienen tiempo asignado para eso, es un trabajo voluntario, y eso hace que muchas veces se dificulte que se reúnan, y se dificulta que se concluyan los procesos más rápido. La ventaja es que se involucra más gente en la problemática dentro de la universidad, que contamos con más aliadas y aliados y gente que ha formado las comisiones. Pero son procesos que, yo diría, que en general salen bien.

¿Cuáles son los principales factores que limitan a las personas de hacer las denuncias? ¿Se trata de desconocimiento del reglamento o penas más las relaciones de poder?

Yo creo que son ambas. Nosotras hacemos un gran esfuerzo por difundir el reglamento. En las inducciones de los estudiantes se habla de la situación de hostigamiento, se entregan brochures sobre el reglamento, panfletos. Se trata de estar siempre informando.

Lamentablemente, es tanta la información que reciben las y los estudiantes cuando están ingresando que se pierde un poco lo del reglamento. Hemos hecho campañas. El año pasado hicimos una grande, cuya consigna era: “Que el miedo no me calle”, porque sí hay un factor muy fuerte de miedo. Un temor sobre lo que puede pasar en el proceso, un temor de las represalias de la persona que hostiga, sobre todo cuando esa persona tiene una posición de poder, sobre todo, porque en nuestro estudio encontramos que las personas que más hostigan son docentes, hombres docentes. El 99,8% de los hostigadores que salen en la encuesta son hombres. Hay temor sobre cómo me va a ir en el resto de la carrera si lo denuncio, o incluso en la práctica profesional. Eso se da mucho en las carreras donde hay profesionales de mucho prestigio, que trabajan fuera de la universidad también, o en el sistema de salud, o en el sistema de justicia, que provoca mucho miedo de denunciarles.

El otro factor, es un fenómeno reciente, el de las redes sociales. La cultura del uso de las redes sociales en esta nueva generación le da a todo un carácter de inmediatismo. Entonces, yo sufro hostigamiento sexual por parte de un profesor, y lo primero que se me ocurre hacer es publicarlo en una red social. De esta manera me saco la molestia, de alguna manera lo desprestigio socialmente, y lo hago de inmediato, y no tengo que hacer ningún proceso, no dependo de nada. Lo que sucede es que eso no provoca ningún tipo de sanción para la persona que hostiga. Si quiero una sanción, tengo que seguir el proceso administrativo, que puede resultar tedioso, que a veces provoca desconfianza en los estudiantes, porque además no lo conocen bien.

Este tipo de denuncias públicas se han vuelto muy comunes en el último año. Pero en un país de derecho a nadie se le puede expulsar de un puesto con una denuncia en Internet o por un rótulo. Hay que hacer un proceso administrativo, tedioso, pesado, feo, pero esa es la única forma de sancionar efectivamente una persona. Esta nueva forma de expresarse lo que viene a crear es mucha impunidad, quisiéramos que se utilizaran los mecanismos reglamentarios para conseguir sanciones efectivas.

¿La comunidad estudiantil tiene cómo saber quiénes fueron sancionados por hostigamiento sexual?

Esa es una de las dificultades que tenemos, porque hay un principio de confidencialidad en el reglamento. Esa es una de las cosas que estamos estudiando cómo modificarlo. En este momento la confidencialidad del proceso que se establece para resguardar a las personas mientras no se decide sobre el hostigamiento y la gravedad que tuvo, se extiende a después del proceso y eso nos dificulta mucho el accionar.

De todos los casos que se han tramitado en la universidad, solo hay uno que el señor lo hizo público, porque escribió un libro sobre cómo lo habían sancionado en la universidad, pero sobre todos los demás casos no podemos hablar, porque sí hay un fuerte resguardo de confidencialidad. Eso dificulta que la comunidad estudiantil lo sepa.

Yo te diría que la comunidad estudiantil lo sabe. Porque por algo lo publican en Facebook, por algo hacen rótulos con los nombres de los que son hostigadores, según ellas. Pero no hay un mecanismo oficial para hacérselos saber.

 

¿Qué pasa con los casos que van más allá de lo administrativo y pasan a ser penales, como las violaciones?

Son dos procesos independientes. Se recomienda a la persona presentar la denuncia penal. Pero también nosotras recomendamos hacer la denuncia en la universidad. Porque eso nos permite además tomar medidas preventivas. Si nosotras detectamos una persona que está abusando sexualmente de una estudiante, en ejercicio de sus funciones, dentro de la universidad, sobre todo, esa persona es un peligro para todas las estudiantes, no solo para que fue abusada en ese momento. En ese caso, se plantean medidas de suspensión, que tiene que ser con goce de salario, porque no hay proceso todavía, pero una suspensión casi inmediata, para sacar a la persona del ejercicio de su función como medida de protección para esa estudiante y para todas las demás.

Sí es posible llevar los dos procesos de forma paralela, y el administrativo es mucho más rápido y tiene un principio pro víctima.

¿Qué mejoras le haría al reglamento y a la forma como se trata el tema en la universidad?

Pienso que el sistema es bastante bueno. Lo que cambiaría es que haya una mayor capacitación de las comisiones instructoras, trataría de ajustar un poco los plazos, y trataría de ver cómo hacemos para tener una mejor difusión de la normativa. Nosotras tenemos un proyecto de prevención, con el que hacemos talleres en toda la universidad, pero esta universidad es demasiado grande. Entran 7 u 8 mil estudiantes al año, esto determina mucha movilidad tanto en el estudiantado como en las personas funcionarias. Siempre están ingresando nuevas personas porque es una estructura inmensa. Entonces, el problema de la capacitación nos desborda.

Hemos tratado con cursos en línea, a veces funcionan, a veces no. Hemos tratado con más material escrito, ahora estamos con la idea de hacer videos, materiales breves que puedan difundirse por las redes sociales. Buscar diferentes formas de llegarle al estudiantado. Si yo le entrego a un estudiante un folletito impreso, probablemente se va a la basura, y no lo va a leer.

Lo otro es la parte institucional. Se necesitan más recursos para las comisiones, hay cosas que la universidad podría mejorar con una inversión, en un momento muy difícil para las inversiones, pero eso daría más posibilidades técnicas para enfrentar las situaciones.