Por Norihelys Ramos Rodríguez (Puerto Rico)

Ilustración: Alma Ríos (México)

Desde el 2008 en Colombia existe una medida legislativa que sensibiliza, previene y sanciona las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

La ley 1257, primer estatuto nacional que reconoce sus derechos, tipifica el acoso sexual como un delito con pena máxima de 3 años en cárcel. Además, ordena al Ministerio de Educación (MinEducación) a capacitar a docentes, estudiantes y familias sobre la violencia de género, y obliga a que se implementen medidas de prevención y protección hacia las víctimas.

La Corte Constitucional el 2018, también, determinó que el MinEducación debe cumplir unos lineamientos de educación superior inclusiva y con perspectiva de género. Esto, tras el caso histórico de la profesora Mónica Godoy Ferro, quien fue despedida de la Universidad de Ibagué por denunciar casos de acoso laboral y sexual.

El estado colombiano debe salvaguardar los derechos de las mujeres, además, porque desde 1996 pertenece a la Convención Interamericana Belém Do Pará. La cual condena todas las formas de violencias, ya que las considera una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Según este marco jurídico, las universidades públicas y privadas deben ofrecer políticas de prevención y atención a víctimas de acoso sexual y violencia de género. Sin embargo, son muy pocas las que actualmente tienen rutas y protocolos.

Algunas de las pioneras en el país son: la Universidad de los Andes (Uniandes) y la Universidad del Rosario (URosario) con una normativa desde el 2016; la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) desde el 2017 y la Pontificia Universidad Javeriana (Javeriana) desde el año pasado.

Distintas Latitudes analizó los protocolos de 4 instituciones académicas y encontró que la mayoría de estas universidades aceptan denuncias de estudiantes, docentes y administrativos de forma presencial, por correo electrónico, llamada telefónica o en anonimato. No importa dónde ocurra: dentro de la sede, en un viaje de campo o en el espacio cibernético. La ruta de atención se activa siempre que haya un vínculo con el ámbito académico.

La mayoría reconoce que la violencia sexual y la violencia de género se manifiestan mediante discriminación, amenaza, maltrato, hostigamiento, acoso, agresión física o emocional, pornografía, prostitución y feminicidio. Incluso, que es transversal con la diversidad de culto, raza, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género y discapacidad.

Tan pronto reciben los casos establecen rutas de acompañamiento, apoyo psicológico, asesoría jurídica y sanción disciplinaria. Cada paso se activa con la autorización de la persona afectada. Sin embargo, las sanciones no aparecen en los protocolos, sino en los reglamentos o estatutos de la institución. Los cuales podrían revictimizar o afectar el proceso si no están actualizados.

La URosario es la única que no toma acción contra la persona agresora. Según su protocolo, comunicar una situación no conlleva un proceso sancionatorio, disciplinario, legal o judicial en la Universidad ni en el Estado. Aseguran que no tienen la autoridad ni las facultades. Por lo tanto, denunciar un acto de violencia solo genera una alerta a la comunidad universitaria.

La UNAL, en cambio, es la única que incluye en su protocolo un procedimiento alternativo pedagógico. A través del diálogo y la reflexión sobre los hechos de violencia busca garantizar la no repetición. “Se pensó en una herramienta para transformar estilos de vida y comportamientos; en una normativa más pedagógica que punitiva”, explicó a Distintas Latitudes Martha Lucía Alzate, directora nacional de Bienestar Universitario.

Cada protocolo tuvo un proceso de diseño y redacción similar. La mayoría de las universidades consultaron material literario y jurídico, revisaron otros protocolos a nivel regional e internacional, escucharon a grupos estudiantiles y recibieron el apoyo de organizaciones externas con visión de género y atención a víctimas.

Por ejemplo, la nueva versión del protocolo en Uniandes fue creada por diversas instancias institucionales y, también, por colectivas feministas estudiantiles: No es NoRmal y Pares de Acompañamiento Contra el Acoso, mejor conocida como PACA. Una de sus integrantes, Beatriz Ramos Torres, aseguró: “el protocolo ha sido hecho y escrito por estudiantes. Es un gran adelanto”.

En el 2016 URosario compartió el borrador de su protocolo con el grupo feminista Rosario Sin Bragas. Ellas hicieron comentarios y sugerencias. Hace poco las contactaron nuevamente porque quieren conocer sus críticas a la ruta de atención. “No son reacios a escuchar, pero tampoco sabemos cuál es el alcance de nuestras recomendaciones; no vemos que haya efectos”, contó una de las participantes del grupo, quien prefirió mantener su anonimato.

Distintas Latitudes entrevistó a una muestra de 30 estudiantes —la mayoría mujeres— activas y egresadas de las universidades: Javeriana, UNAL, Uniandes y URosario. El 64% no conoce que existe un protocolo y el 61% ha escuchado al menos un caso sobre acoso sexual y violencia de género. Según las estudiantes, la administración debe sancionar a la persona agresora, crear campañas educativas y de prevención y circular las rutas de atención.

A pesar de que el comportamiento machista está tan naturalizado en las estructuras académicas, es muy reciente la discusión sobre protocolos de atención al acoso sexual y a la violencia de género en Colombia.

La abogada e investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), María Ximena Dávila, puntualizó que es fundamental educar y capacitar con visión de género al estudiantado, al profesorado y a los equipos de trabajo que reciben denuncias y acompañan a las víctimas. Dijo que las universidades deberían ofrecer un curso obligatorio sobre acoso sexual y que el protocolo debería socializarse durante la semana de inducción.

Dávila explicó que esta normativa debería ordenar que las instituciones tengan bases de datos con categorías de análisis para poder descubrir y erradicar patrones de violencia. “El mayor problema es que no se recolectan cifras. Reciben los casos y los archivan”, aseguró.

La Javeriana es una de las universidades que cumple con este procedimiento. Según su protocolo, los reportes recibidos deben identificarse por el tipo de violencia o discriminación para luego rastrear tendencias. La psicóloga y coordinadora del Programa Inclusión y Diversidad en Vicerrectoría del Medio Universitario, Paola Beltrán Oviedo, dijo: “registramos esa información para tener claridad de la evolución. Por eso, es importante que la comunidad utilice los canales de atención”. Este medio solicitó dichas estadísticas, pero Beltrán respondió que eran privadas por motivos de confidencialidad con la víctima.

Para la profesora y antropóloga Mónica Godoy Ferro, el Sistema Nacional de Acreditación también debería evaluar cómo las universidades atienden a las personas afectadas. Además, obligarlas a rendir informes anuales sobre el tratamiento de denuncias y casos.

Godoy aseguró que: “a pesar de que tienen protocolos y rutas siguen tratando de ocultar lo que está sucediendo y siguen presionando a las víctimas para que no hablen públicamente. Las responsabilizan de cuidar la imagen institucional”.

A Godoy le parece que el sistema de educación superior se comporta como la Iglesia Católica. “Ocultan denuncias, protegen al profesor y cambian a la estudiante de clase; actúan exactamente como los obispos frente a las denuncias de abuso sexual contra sacerdotes”.

Distintas Latitudes también revisó para esta investigación la Universidad de Antioquia, la cual no cuenta con ninguna normativa que atienda acoso sexual y violencia de género. La profesora y trabajadora social Sara Fernández Moreno aclaró que el equipo de la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior Universidad Antioquia ya creó una propuesta, y que la está revisando la comisión encargada de instaurar políticas.

Igualmente, se analizó la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En conversación telefónica dijeron que sí tenían un protocolo, pero que no era público. Al cierre de este reportaje, la Oficina Jurídica de la Sede Principal no había respondido nuestra petición de información enviada en febrero de este 2019.