La denuncia de acoso sexual y laboral que llegó a la Corte colombiana

Por Daiana González (Colombia)

Como parte de la investigación regional #PasóEnLaU, hemos revisado una muestra de 100 universidades de 16 países de América Latina para saber cuántas de éstas cuentan con protocolos para prevenir y sancionar el acoso y la violencia sexual y cómo enfrenta esta situación la comunidad universitaria de la región. En el caso de Colombia, encontramos que son las estudiantes quienes están impulsado una transformación en los campus y aulas universitarias.

Durante la investigación, nos encontramos con otras historias y preguntas, por ejemplo: ¿Qué sucede en las universidades pequeñas? Así dimos con este caso.

Una historia de acoso y hostigamiento sexual y laboral en la Universidad de Ibagué

La docente y antropóloga Mónica Godoy fue despedida de forma injustificada después de haber laborado por más de un año en la Universidad de Ibagué, una institución de no más de 7 mil estudiantes ubicada en el departamento del Tolima, cerca de la capital colombiana, el 17 de agosto de 2017.

Semanas antes, Godoy entregó un informe al rector de la Universidad de Ibagué, Hans Peter Knudsen. En ese documento, Godoy le contó lo que cinco mujeres que pertenecían al cuerpo de vigilancia del plantel le habían confesado en un taller de equidad de género. “En un taller de dos horas todas estaban llorando porque sus compañeros las hostigaban sexualmente, había rozamientos y tocamientos, las trataban de putas, zorras; descalificaban su trabajo, las ridiculizaban, no tomaban en cuenta sus recomendaciones […] Le pedí al rector que hablara con ellas, que las escuchara, pero no lo hizo”, relata Mónica a Distintas Latitudes.

Días después de la charla de Mónica con el rector Knudsen, se informó la no renovación del contrato de al menos 12 de los miembros del cuerpo de vigilancia de la institución educativa —incluyendo la de una de las mujeres víctimas de acoso laboral—.

Lejos de ser una medida que respondiera a los casos de acoso sexual, tal decisión era parte de un plan de tercerización de los servicios de vigilancia que, según Mónica la universidad tenía previsto tiempo atrás “y lo justificaron con los casos de acoso sexual señalados”, señala. Los hostigamientos de los trabajadores que permanecieron hacia sus compañeras continuaron.

Al agudizarse el problema, Mónica decidió escribir una carta al rector Knudsen. En la misiva, Godoy expuso que le parecía “inhumana” la decisión de despedir a una de las personas que había sido víctima de acoso. Una semana después, Knudsen respondió, entre otras cosas, que “las decisiones se tomaron con apego a la normativa vigente”.

Días después, la abogada de la universidad le informó a Mónica su despido. El argumento oficial fue que: “su estilo no encajaba con los de la institución”.

El caso de Mónica Godoy hizo eco en diferentes medios nacionales e internacionales. Un año después de su despido y tras diferentes audiencias, la Corte Constitucional colombiana determinó que la Universidad de Ibagué fue más allá de los límites del respeto de los derechos fundamentales de Godoy, que debía reintegrar a la docente y exigió al Ministerio de Educación crear lineamientos para que las instituciones universitaria atendieran los casos de acoso sexual.

Pero esta historia no concluyó aquí.

Un caso no resuelto

Mónica Godoy contesta esta entrevista por Skype. No puede hacerlo por otra vía por que ya no se encuentra en Colombia. A pesar de ganar el caso y de haber trabajado con la Universidad de Ibagué por cuatro meses más, como lo dictó la Corte, los hostigamientos continuaron tanto para las trabajadoras víctimas de acoso sexual como para ella.

Godoy no minimizó las amenazas y salió del país junto con una de las trabajadoras, Lip Day Rueda.

Pocos días después del despido de Godoy, Lip Day y sus cuatro compañeras de trabajo decidieron denunciar su caso ante la Fiscalía. “Hubo pruebas fehacientes para acusarlo a él [al supervisor del cuerpo de seguridad de la Universidad de Ibagué] en la primera audiencia; sin embargo, el caso sigue abierto y se ha aplazado cinco veces por decisión de la fiscalía”.

Lip Day detalla que el supervisor del cuerpo de seguridad de Ibagué “es un hombre con mucho poder, llevaba 25 años trabajando en la universidad y ejerciendo su cargo sacó a varios vigilantes. Entre ellos una mujer que renunció por acoso sexual y al anterior coordinador de vigilancia que salió de la institución luego de informar a la administración los casos de acoso a los que se enfrentaban las vigilantes”.

Finalmente, “al supervisor de vigilancia lo removieron del cargo en julio de 2017 y solo hasta noviembre de ese año lo sacaron de la universidad y lo liquidaron con una buena cantidad de dinero por los servicios prestados. Nunca le abrieron un proceso disciplinario, a pesar de las denuncias”, cuenta Lip Day.

Para Lip Day después de la denuncia nada mejoró. Iniciaron hostigamientos y amenazas contra su vida. “Amenazas directas porque el supervisor, en su labor, siempre cargaba un revólver y una herramienta cortopunzante y decía que se iba a encargar de las personas que le habían hecho daño”, relata.

Ante esta situación, Lip Day solicitó protección ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, pero las demoras en el procedimiento le hicieron tomar la decisión de salir el país junto con Mónica Godoy y ahora está solicitando asilo. “Temo mucho por la seguridad de mi familia”, cuenta.

En cuanto a sus cuatro compañeras, las otras víctimas de acoso y hostigamiento sexual, su situación tampoco es muy alentadora. Una de ellas fue sacada de la universidad y se encuentra sin trabajo desde hace dos años, mientras que las otras tres siguen laborando en la institución. “Las agresiones hacia las mujeres vigilantes volvieron sistemáticamente, igual nunca pararon, ni con la tercerización de la empresa privada de vigilancia”, dice Lip Day.

Para Mónica Godoy esto obedece a que desde las instituciones se realiza una mirada individual del problema cuando obedece a patrones estructurales. “Es un problema de los valores que reproduce la institución y que atañe a toda la comunidad universitaria”.  

Incluso el caso de las vigilantes no fue el primero ni el único que Mónica Godoy recibió. Entre los episodios de acoso se encuentra el de Jackeline Beltrán, una pintora, y el de una estudiante que asegura ser víctima de un acto sexual violento perpetrado por un instructor del gimnasio de la institución.

Aunque la Corte Constitucional pidió al Ministerio de Educación formular un plan para que el acoso en las universidades del país se atienda, el reto está en que las universidades colombianas lo lleven a cabo junto con un mecanismo de seguimiento para que estos casos no queden impunes.