Por María Laura Chang (Venezuela)

Ilustración: Alma Ríos (México)

 

Mientras que en algunos países de la región ni siquiera se han empezado a crear protocolos de actuación para casos de abuso y acoso sexual dentro de las universidades, en Argentina se conformó, desde 2017, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género (RUGE) con el fin de aplicar planes o programas mucho más completos contra la violencia de género en el sistema universitario del país.

El comité ejecutivo de RUGE se constituyó en mayo de 2018, en general buscan “producir condiciones que contribuyan a visibilizar y desnaturalizar la violencia de género”, según se refleja en el protocolo la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), una de las instituciones presentes en la Red. Todas persiguen promover el reconocimiento efectivo de la perspectiva de género dentro de los espacios universitarios.

De esta forma, la academia argentina se sitúa un paso adelante con respecto al resto de las actuaciones para fortalecer la igualdad de género en las universidades del continente. Pese a ello, resulta interesante saber que para 2019, aún 20 de las 57 instituciones de educación superior públicas del país carecen de un protocolo. La información la compartió la propia RUGE.

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En cada universidad de Argentina donde existen protocolos o planes contra el acoso y la violencia sexual, la situación no necesariamente es la misma. En #PasóEnLaU estudiamos la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad de La Plata (UNLP) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las cuatro son instituciones públicas.

En algunas casas de estudio, como en la UNLP, los protocolos y planes respondieron más a una gesta que provino desde el estudiantado en alianza con profesoras antes de 2015; pero en otras se realizó desde adentro. Es el caso de la UNC, en donde una comisión conformada por distintos grupos que hacen vida en la universidad fue la encargada de su elaboración en 2015.

Estas luchas en las universidades argentinas, se generaron en el marco del #NiUnaMenos (2015), cuando el movimiento feminista de Argentina tuvo un auge impresionante que se tradujo en una multiplicación y disgregación de su mensaje contra el machismo y la violencia machista. En 2018, este movimiento se consolidó a través de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el cual pintó de verde toda una marea de personas que en consonancia con la lucha por los derechos de las mujeres, salieron a las calles para exigir la sanción de esta ley que finalmente el Senado rechazó.

Del protocolo al plan de acción

Los protocolos pasan a convertirse en una herramienta más, explica Marisa Fournier, investigadora y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y representante consejera de RUGE. “Los programas, planes, deben perseguir lo mismo que cualquier política pública: combinación entre acciones positivas y transversalización”, completa.

Esto quiere decir que así como se espera que la aplicación de estos protocolos de actuación para casos permitan dar una respuesta efectiva a las víctimas de estas violencias, los programas y planes “tienen que ver con transformaciones culturales”.

Es por ello que un plan incluye además del eje interventivo en el que se encuentran los protocolos de actuación, un eje preventivo que incluye la sensibilización de la comunidad educativa respecto de la problemática de género. Actividades como foros y talleres de capacitación para docentes y no docentes, así como para el estudiantado que ayuden a asimilar la cuestión de género, se incluyen en esta otra forma de prevención.

En las universidades se crearon departamentos, secretarías o coordinaciones que actualmente dedican sus esfuerzos exclusivamente a la aplicación y revisión de estos programas y protocolos. Este personal, formado en género, es el que realiza los acompañamientos necesarios durante las denuncias, al tiempo que ejecuta las actividades preventivas.

Temas pendientes

Hace falta una mayor articulación entre los programas universitarios con el entramado local para la atención de situaciones de violencia. Esto incluye comisarías de la mujer, grupos de acompañamiento psicológico externo. “No se puede abordar la violencia solo dentro de las universidades”, apunta Marisa Fournier.

Otro aspecto que tienen en cuenta quienes se encargan de estos programas es la de la temporalidad que se maneja en los protocolos para las denuncias y el procesamiento de las mismas. Verónica Cruz de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP precisa que a nivel administrativo los procesos pueden tardarse cerca de un año, sobre todo si se trata de una denuncia contra un profesor. Aunque se tomen acciones transitorias como forma de protección de las víctimas, la celeridad es necesaria.

Solo una de las universidades estudiadas tiene un informe en el que no solo se releva toda la información sobre lo que ha resultado de la aplicación de los programas, sino que se compara con cifras previas. Allí se aclara, por ejemplo, que desde enero de 2017 a diciembre de 2018 las consultas sobre violencia de género ascendieron de 22 a 52, lo que representa un aumento del 120 % en 11 meses, en tanto que las denuncias casi se triplicaron en el mismo período, pasaron de 13 a 30.Es ejemplar la publicación con la que la Universidad Nacional de Córdoba da cuenta de sus actividades, que además contiene un despliegue gráfico ilustrativo. Todos los esfuerzos que se invierten en este tipo de políticas dentro de las universidades parece ser inútil si el estudiantado no las conoce.